Tabla de Contenido
Es una iniciativa jurídico-política que toma como base una orden ejecutiva que podría emitir el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, mediante la cual se reconoce que el territorio no incorporado de Puerto Rico puede dar inicio a un proceso de autodeterminación e independencia. Esta orden ejecutiva estaría basada en el poder del presidente como representante único de la soberanía nacional estadounidense para controlar las relaciones internacionales y los tratados. Esto constituye una rendija legal que puede utilizar el movimiento independentista como mecanismo para exigir y encaminar una transición ordenada hacia la soberanía nacional.
Sí. Aunque controvertida, la orden ejecutiva podría emitirse válidamente bajo el marco de las facultades ejecutivas del presidente de Estados Unidos. En tanto no sea revocada formalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, su existencia jurídica puede ser invocada para iniciar un proceso político de transición que podría administrarse con o sin la participación del Congreso. Además, su contenido puede interpretarse a la luz del derecho internacional, que reconoce el derecho de los pueblos colonizados a su autodeterminación e independencia.
La orden permite activar una serie de pasos para la reorganización institucional del territorio hacia la independencia. En ese sentido, constituye un Plan de Transición concreto. Esto incluye: (1) la constitución de una comisión para la transición a la soberanía y la transferencia de los poderes federales; (2) la convocatoria a una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Constitución o la revisión de la existente; (3) la adopción dentro de ese nuevo orden constitucional de un nuevo sistema electoral para el desarrollo de una democracia real en nuestro país; (4) la notificación formal a organismos internacionales; (5) el inicio de negociaciones multilaterales para la culminación de tratados de cooperación; (6) la celebración de un referendum para aprobar la nueva constitución y elecciones para el nuevo gobierno del Puerto Rico soberano; (7) la cancelación de la deuda pública de Puerto Rico para facilitar el éxito de la transición económica ordenada y, (8) la asignación de una suma en bloque de fondos federales para invertirse en proyectos de desarrollo económico que aseguren la viabilidad de la República.
Nuestra propuesta surge desde el movimiento independentista. Le plantea a éste el reto de apropiarse de esta estrategia intrépida basada en una orden ejecutiva como un instrumento de ruptura con el régimen colonial. Desde una postura crítica y emancipadora, se reconoce que el momentum político puede nacer incluso de contradicciones que se abren en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que podría convertir potencialmente un acto presidencial en una palanca para iniciar la liberación nacional. Es un ejemplo de cómo transformar un acto de poder en una oportunidad de autodeterminación.
Todo lo contrario. Esta estrategia parte del reconocimiento de que la soberanía reside en el pueblo de Puerto Rico y que sólo un pueblo soberano puede decidir libremente. La orden ejecutiva es una herramienta externa que se utiliza para afirmar esa soberanía interna. No sustituye la voluntad democrática del pueblo, sino que la potencia. El objetivo final es que el pueblo se exprese libre y directamente, ya sea mediante una asamblea constituyente, una consulta ratificadora, procesos deliberativos populares y elecciones libres de los nuevos funcionarios de la República de Puerto Rico.
La ciudadanía estadounidense, impuesta en 1917, es un asunto que debe discutirse con seriedad y respeto durante la transición. El nuevo Estado soberano podría negociar con los Estados Unidos acuerdos que permitan mantener derechos adquiridos, estatus migratorio especial o ciudadanía dual para quienes lo deseen. Lo importante es que sea Puerto Rico quien tenga la capacidad de decidir esas condiciones como país soberano en diálogo con Estados Unidos.
Como ocurre en todo proceso de descolonización ordenado, se negociará una asignación a término de suficientes fondos para que Puerto Rico sea viable económicamente. La independencia permitiría a Puerto Rico, entre otras cosas, recuperar el control de su economía, negociar tratados internacionales, establecer su propio sistema tributario, revitalizar la agricultura, el turismo, la industria local y, sobre todo, diseñar un modelo económico productivo y autosustentable que sea, además, solidario y justo. Actualmente, el coloniaje impide ese desarrollo. La soberanía económica no será fácil, pero es necesaria para salir de la dependencia colonial y crisis estructural que vivimos actualmente donde hemos perdido una parte sustancial de nuestra población y las perspectivas económicas auguran peores tiempos.
Una relación bilateral, basada en el respeto mutuo y la cooperación internacional. Puerto Rico podría mantener vínculos comerciales, culturales, educativos y diplomáticos con los Estados Unidos, sin subordinación. La independencia no implica enemistad, sino una nueva relación entre iguales.
Porque, aunque la Asamblea Constitucional de Estatus puede parecer un mecanismo ideal desde una perspectiva democrática, no ha sido viable bajo el régimen colonial impuesto por los Estados Unidos. El Congreso federal ha ignorado reiteradamente los reclamos del pueblo de Puerto Rico y ha demostrado que no está dispuesto a ceder poder ni a facilitar un proceso genuino de autodeterminación. Además, el sistema político interno ha estado dominado por partidos coloniales que sabotean cualquier esfuerzo serio hacia la descolonización. La historia política de Puerto Rico está llena de actos antidemocráticos —fraudes electorales, leyes de mordaza, represión política, imposición de juntas no electas— que demuestran que el coloniaje no permite caminos democráticos reales. Por eso, esta iniciativa actúa desde lo posible, utilizando la fisura jurídica abierta por una posible orden ejecutiva de Trump para impulsar, desde abajo y con urgencia, un proceso de independencia que el régimen colonial se niega a permitir por las vías tradicionales. Sirve además para salir de la parálisis actual en Washington DC en torno al tema de la descolonización de Puerto Rico, pues obliga al gobierno de Estados Unidos a descartar formalmente la estadidad y el estatus territorial actual como opciones realmente aceptables para éste. En ese sentido, determina que la independencia es la opción descolonizadora que más conviene a los intereses nacionales tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico.
No. Es una estrategia concreta, audaz y jurídicamente fundamentada. Lo verdaderamente irreal es pensar que la colonia nos sacará de la crisis. Esta propuesta toma una grieta dentro del mismo poder colonial —una orden de Trump— y la convierte en una vía de ruptura democrática. Es una propuesta firme, seria y necesaria para fundar un nuevo Puerto Rico soberano y próspero.
El Plan Económico de la República de Puerto Rico es un documento estratégico que propone una hoja de ruta para la transición de Puerto Rico hacia una economía soberana como una república independiente. El plan fue desarrollado por economistas y expertos asociados con Plan B: Independencia y se presenta como un marco de desarrollo económico sostenible para las primeras décadas de una República puertorriqueña.
El objetivo fundamental es colocar a Puerto Rico en una senda de autosuficiencia fiscal, desarrollo sostenible y soberanía económica a lo largo de un periodo de aproximadamente 20 años, estableciendo políticas macroeconómicas, institucionales y sectoriales que promuevan crecimiento, diversificación y resiliencia económica tras la independencia.
El plan esboza la creación de un Fondo de Transición de Puerto Rico, diseñado para reemplazar gradualmente la dependencia de fondos federales con inversiones estratégicas. Según reportes periodísticos, se ha sugerido una asignación anual aproximada, o bien una suma única significativa, para apoyar esta fase de transición.
El Plan Económico del Plan B: Independencia contempla expresamente ese escenario. El Fondo de Transición se presenta como un mecanismo deseable para facilitar una transición ordenada y justa tras más de un siglo de relación colonial, pero no es un requisito indispensable para la viabilidad económica de la República de Puerto Rico.
El propio plan reconoce que, aun sin ese fondo, la República sería económicamente viable gracias a su capacidad real de recaudar ingresos soberanos, estimada en decenas de miles de millones de dólares anuales una vez se ejerzan plenamente competencias fiscales hoy inexistentes bajo el régimen territorial. Entre estas se incluyen impuestos al comercio exterior, tarifas portuarias y aéreas, un sistema contributivo integral, control aduanero, y la eliminación de distorsiones fiscales impuestas por el marco colonial.
Además, el plan económico prevé que, de no existir el Fondo de Transición, el nuevo Estado implementaría ajustes fiscales y presupuestarios responsables, una reorganización del gasto público, una política monetaria y financiera soberana, y una estrategia de desarrollo productivo orientada a sustituir dependencia por crecimiento interno. En ese escenario, la transición podría ser más exigente, pero no comprometería la viabilidad estructural de la República, que descansaría en su propia capacidad productiva, contributiva y de planificación económica.
En síntesis, el Fondo de Transición no es la base de la independencia, sino un instrumento de justicia transicional. El Plan Económico parte de la premisa de que Puerto Rico puede sostenerse como república incluso en ausencia de cooperación federal, precisamente porque la independencia elimina las principales trabas que hoy impiden su desarrollo económico pleno.
El plan sostiene que la deuda pública de Puerto Rico debe ser considerada bajo la doctrina de “deuda odiosa”, argumentando que fue contraída bajo un régimen colonial y estructuras económicas que no reflejan la voluntad soberana del pueblo puertorriqueño. Desde esta perspectiva, la nueva república no estaría obligada a asumirla tal como existe actualmente.
El plan enfatiza el desarrollo de sectores clave como:
Infraestructura moderna
Energías renovables
Industria y manufactura avanzada
Agricultura sostenible
Educación y capital humano
Tecnologías de innovación y servicios digitales
El propósito es diversificar la economía y reducir la dependencia de la ayuda externa.
Entre las fuentes de ingresos propuestas se encuentran:
Impuestos progresivos (personal y corporativo)
Impuestos al valor añadido (IVA)
Tarifas portuarias y de sobrevuelo
Gravámenes sectoriales y tasas por servicio
Estas fuentes estarían destinadas a financiar tanto las funciones del gobierno soberano como las inversiones en desarrollo productivo.
El plan sugiere la creación de instituciones soberanas, tales como:
Una Tesorería Nacional
Una Autoridad Nacional de Desarrollo Económico
Un Ministerio de Industria, Comercio e Innovación
Estas entidades tendrían la responsabilidad de formular, implementar y supervisar políticas económicas coherentes con la nueva realidad soberana.
Según el análisis del plan, se proyecta que Puerto Rico podría generar entre $32,000 millones y $51,000 millones en ingresos anuales para el año 20 bajo el nuevo régimen soberano, especialmente si se logra consolidar una base productiva diversificada.
El plan busca lograr autosuficiencia fiscal mediante la reducción progresiva de la dependencia de fondos externos, la estabilización de las finanzas públicas y la creación de reservas estratégicas para enfrentar fluctuaciones económicas globales o locales.
No. El plan ha sido presentado por el colectivo Plan B: Independencia como una propuesta de política pública y marco estratégico. No ha sido adoptado formalmente por el Gobierno de Puerto Rico ni por el Gobierno federal estadounidense.
El plan económico complementa una propuesta de orden ejecutiva que busca iniciar una transición ordenada hacia la independencia. La orden ejecutiva está diseñada para habilitar un marco legal y político que facilite la implementación de estrategias como las económicas contempladas en este documento.
Puerto Rico necesita un Plan B.
Y ese Plan B necesita de ti.
Ante el colapso del modelo colonial, la desigualdad creciente y la ausencia de un proyecto de país, Plan B Independencia, Inc. convoca a personas comprometidas con la soberanía, la justicia social y la construcción responsable de una República puertorriqueña.
Plan B es un centro de pensamiento y acción dedicado a investigar, proponer y organizar alternativas reales para la independencia de Puerto Rico. Aquí no basta con denunciar: trabajamos para imaginar, diseñar y poner en marcha un país soberano, con bases jurídicas, económicas y políticas sólidas.
Si crees que la independencia es una opción posible, necesaria y urgente, este es tu espacio. Como Afiliado o Afiliada, podrás integrarte a los comités de trabajo, aportar desde tu experiencia profesional, académica o comunitaria, y ser parte activa de un proyecto colectivo serio y estratégico.
El futuro no se espera.
Se organiza. Se estudia. Se construye.
Solicita hoy ser Afiliado(a) de Plan B Independencia, Inc.
Súmate a quienes ya están trabajando por un Puerto Rico soberano.
Pensamiento riguroso. Acción estratégica. Soberanía.